El gobierno de Donald Trump está retomando una de sus propuestas más controversiales: revocar la ciudadanía a inmigrantes naturalizados si cometieron delitos civiles antes de hacerse ciudadanos. Aunque el plan aún no es ley, ya está generando temor y confusión entre miles de paisanos que sienten que sus derechos podrían estar en juego… otra vez.

Según reporta Telemundo Houston, esta iniciativa pretende crear una oficina especial del Departamento de Seguridad Nacional dedicada exclusivamente a revisar miles de casos de naturalización, buscando inconsistencias, omisiones o delitos civiles que no se hayan declarado. De encontrarse, la persona podría enfrentar la pérdida de su ciudadanía y la deportación.

Lo que en su momento se consideraba un trámite cerrado y definitivo —el obtener la ciudadanía— ahora vuelve a abrirse como una herida entre quienes lucharon por años para regularizarse, aprender el idioma, pagar impuestos, y hacer todo “como Dios manda”. La comunidad inmigrante, especialmente los latinos que representan una parte importante del voto en Texas y otros estados clave, ve este movimiento como un ataque directo.

Expertos legales ya han levantado la voz. Aseguran que muchos de los casos que se quieren revisar datan de hace más de 20 años, cuando no existía la misma claridad en los procesos migratorios. Además, temen que el gobierno esté buscando pretextos administrativos o infracciones menores para justificar la revocación.

Este anuncio ha puesto nerviosos a muchos en ciudades como Houston, donde miles de inmigrantes naturalizados viven con el corazón dividido entre sus raíces y su futuro en este país. Mientras tanto, organizaciones pro inmigrantes se están preparando para brindar asesoría legal gratuita y defender los derechos adquiridos con tanto esfuerzo.

En tiempos donde ser latino debería ser motivo de orgullo, esta medida nos recuerda que el camino sigue lleno de obstáculos. Pero también deja claro algo más: los paisas no nos vamos a dejar.